Complicidad del Estado en la Deforestación de la Amazonía

                     Complicidad del Estado en la Deforestación de la Amazonía Peruana


Por Angel Miguel Linares Cabrera


Los bosques, en especial el Amazonas, cumplen un papel fundamental en la naturaleza; siendo aquellos que conservan el suelo, capturan el dióxido de carbono y protegen la biodiversidad; por ello, su protección debe ser una responsabilidad de la sociedad, y más aún, del Gobierno. Sin embargo, es alarmante el inmenso nivel al que ha llegado la deforestación en nuestro territorio, en especial cuando aquel que debería proteger los bosques, el Estado, se vuelve cómplice del deterioro de los mismos al promulgar leyes que favorecen a los principales responsables de su destrucción. Siendo el objeto de este trabajo  evidenciar el grado al que ha llegado la deforestación, las principales causas, el necesario aprovechamiento de los recursos y en especial, la promulgación de la ley 31973, cuyas repercusiones fueron lo que me llevaron a abordar este tema.  


La deforestación en el Amazonas ha alcanzado niveles alarmantes. Según datos del Ministerio del Ambiente (2021), entre los años 2001 y 2021, se destruyeron 2 774 563 hectáreas, lo que equivale a la superficie total del departamento de La Libertad. Estas cifras reflejan una situación crítica que demanda la implementación urgente de medidas proteccionistas para garantizar la conservación de los bosques amazónicos.


La agricultura a pequeña escala es señalada como el principal factor de deforestación en el Amazonas. En el mismo estudio, el MINSA destaca que, además de esta práctica, existen otras actividades económicas tanto legales como ilegales que agravan la situación, como la minería ilegal, la tala no regulada y la agroindustria. Esta última es especialmente preocupante, ya que su expansión ha sido notable. Las empresas agroindustriales, dedicadas al monocultivo de cacao y palma aceitera, adquieren tierras de manera ilegal y deforestan sin los permisos correspondientes. Además, hay evidencia que sugiere que estas empresas manipulan a pequeños agricultores para presionar a las autoridades locales (Environmental investigacion agency, 2024).

La respuesta del Estado ante la deforestación en la Amazonía debería ser firme y efectiva. Considerando las causas y el alarmante ritmo de deforestación, el ideal sería implementar medidas que no solo frenen la destrucción de los bosques, sino que también promuevan la recuperación de las áreas afectadas. Sin embargo, la realidad dista de este objetivo, especialmente tras la derogación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre n.º 29763 a inicios de este año. El 11 de enero se promulgó la nueva ley 31973, cuyo contenido representa un retroceso con serias repercusiones para la protección del medioambiente.

El Congreso del Perú ha tomado decisiones cuestionables con la implementación de la nueva ley. Esta normativa perdona la deforestación ilegal pasada, eximiendo de responsabilidad a las empresas que han devastado grandes áreas. Además, facilita la adquisición de tierras para actividades agrícolas y debilita la labor del MINSA, transfiriendo sus funciones al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), lo que implica un cambio de enfoque, de uno proteccionista a uno productivo. A esto se suma la exclusión de las poblaciones autóctonas y originarias de la Amazonía, quienes serán las primeras en enfrentar las consecuencias y se oponen firmemente a esta decisión del Estado.


Detener por completo la deforestación en el país es un desafío complejo. Dado que las actividades económicas que la impulsan son la fuente de sustento de miles de familias que habitan en las zonas afectadas, es irreal pensar en un cese inmediato. No obstante, es fundamental frenar su rápido avance. Para ello, es necesario revisar y fortalecer las normativas de protección de los bosques, aplicando sanciones severas a quienes promuevan la deforestación de nuevas áreas. A su vez, es crucial promover la reforestación en las zonas afectadas. Al mismo tiempo, se debe reconocer la necesidad de permitir actividades económicas en áreas específicas, promoviendo un modelo de producción sostenible que garantice tanto el bienestar de los habitantes como la protección del medioambiente, utilizando estrategias ya probadas en este campo.


Dourojeanni (2022) plantea una solución para enfrentar la deforestación mediante la regularización de tierras ya afectadas. En su propuesta: “Para detener la deforestación se propone legalizar la propiedad sobre alrededor de 7 millones de hectáreas deforestadas para producir de manera sostenible con estrategias que han demostrado su efectividad” (p. 248). Esta iniciativa busca incentivar prácticas agrícolas responsables y sostenibles, promoviendo un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medioambiente. 


En conclusión, el Estado se vuelve cómplice de la deforestación al promulgar en específico la ley 31973, la cual perdonan la deforestación histórica, cambian el enfoque de protección a producción y permiten la desregularizada realización de actividades que dañan el planeta. Por el contrario, se debería detener la deforestación de nuevas áreas, tratando de reforestar las afectadas, mientras usamos de manera efectiva y sustentable los espacios necesarios para las actividades económicas que generen ingresos a las personas que los habitan. 















Referencias


Dourojeanni, M. J. (2022). ¿Es posible detener la deforestación en la Amazonía peruana? https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/184478#:~:text=Por%20esto%2C%20para%20detener%20la,agroforester%C3%ADa%2C%20cultivos%20permanentes%20y%20reforestaci%C3%B3n 


Environmental investigacion agency. (2024). Parcelando la Amazonía. En eia.org. https://eia.org/wp-content/uploads/2024/02/EIA-US_Parcelando-la-Amazonia_informe-final2.pdf 

Luque-Ramos, L. (2021). Análisis de la deforestación de la Amazonia peruana: Madre de Dios. Revista Innova Educación, 3(3), 198–112. https://doi.org/10.35622/j.rie.2021.03.013 



Comentarios

Entradas populares